El Gobierno nacional ha intensificado las acciones para frenar las extorsiones que se originan desde las cárceles del país. La estrategia busca neutralizar las comunicaciones ilegales que permiten a grupos criminales seguir delinquiendo desde los centros penitenciarios. Para ello, se han dispuesto tareas específicas a ministerios, operadores móviles y entidades de control, con el fin de bloquear las señales y cortar los canales de comunicación que facilitan estos delitos.
Entre las medidas destacan el rastreo de señales, el bloqueo inmediato de códigos IMEI e IMSI, la instalación de planes piloto de inhibición técnica y el control de energía dentro de las celdas. También se han reforzado las requisas y se trabaja en protocolos que permitan actuar con rapidez cuando se detecten intentos de comunicación ilícita. La meta es que los sistemas de bloqueo funcionen de manera efectiva sin afectar la conectividad de las comunidades vecinas.
La ministra de las TIC, Alexandra Falla, expuso ante la Comisión Segunda de la Cámara las dificultades que persisten en la aplicación del decreto 851 de 2024, como el uso irregular de inhibidores y el ingreso constante de celulares. Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Cancino, lidera mesas técnicas con los principales operadores móviles para garantizar que las medidas sean operativas y se logre identificar las señales antes de que las víctimas paguen las extorsiones. La Comisión de Regulación de Comunicaciones, en conjunto con Meta, también trabaja en protocolos para evitar que los bloqueos se pierdan en trámites burocráticos.
