Con las elecciones de 2026 ya superadas, una polémica que dejó la jornada electoral ahora se trasladó al Congreso: el reconocimiento de cerca de $4.942 millones a Claudia López por la reposición de gastos de la consulta presidencial volvió a poner bajo la lupa el sistema mediante el cual el Estado reconoce recursos por cada voto obtenido. El CNE estableció inicialmente un reconocimiento de $4.991 millones a la campaña de López, correspondiente a los 573.104 votos que obtuvo en la consulta del 8 de marzo; después de descontar el valor destinado a auditoría, el monto neto quedó en $4.941,8 millones.
El debate que meses atrás impulsó públicamente el representante Daniel Briceño ahora tiene una iniciativa formal en el Congreso. El senador Hernán Cadavid radicó el Proyecto de Acto Legislativo S015 de 2026, acompañado por congresistas de distintos sectores, entre ellos Briceño, con el propósito de modificar el artículo 109 de la Constitución y eliminar la reposición estatal de votos específicamente en las consultas internas, interpartidistas y populares. La propuesta no plantea eliminar la financiación pública de las campañas electorales ni los recursos destinados a organizar las consultas, sino que quienes decidan participar en estos mecanismos asuman los gastos de sus campañas.
Así, lo que comenzó como una fuerte crítica política después del pago reconocido a la campaña de López ahora se convirtió en una discusión legislativa sobre cómo deben financiarse las consultas políticas en Colombia. Mientras los promotores de la reforma cuestionan que el Estado tenga que reponer gastos con base en los votos obtenidos en estos procesos, las reglas actuales sí contemplan la reposición y la Registraduría explica que este mecanismo forma parte del esquema de financiación de las consultas. El proyecto deberá surtir el trámite correspondiente en el Congreso y, si avanza, podría modificar las reglas para futuras consultas.
