La JEP formalizó la ejecución de las sanciones contra Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, y otros seis exintegrantes del Secretariado de las Farc por su responsabilidad en la política de secuestro. Aunque fueron condenados a penas de entre 5 y 8 años, ninguno irá a una cárcel tradicional: deberán cumplir sanciones restaurativas con restricciones a su libertad, monitoreo electrónico permanente y jornadas obligatorias de lunes a viernes. La decisión vuelve a poner sobre la mesa la polémica pregunta de si estas penas representan justicia efectiva para las víctimas.
El primero de los proyectos comenzará entre el 21 y el 30 de septiembre de 2026 en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, donde cinco de los condenados participarán en labores de búsqueda de personas desaparecidas bajo la dirección técnica de la Unidad de Búsqueda. Allí realizarán actividades como adecuación de terrenos, excavación manual y tamizado, mientras que los otros dos sancionados iniciarán proyectos de memoria en Bogotá. En total, el plan contempla 79 actividades en siete regiones y 12 departamentos.
Las penas quedaron así: ocho años para ‘Timochenko’ y Pablo Catatumbo; 7 años, 10 meses y 2 días para Jaime Alberto Parra; 7 años, 8 meses y 25 días para Milton de Jesús Toncel; 6 años, 11 meses y 22 días para Pastor Alape; seis años para Julián Gallo y cinco años para Rodrigo Granda. Todos deberán permanecer en los lugares establecidos por la JEP, cumplir la jornada restaurativa, portar un dispositivo electrónico las 24 horas y no podrán salir del país durante la ejecución de la sanción. La decisión ya genera críticas de sectores políticos que consideran que se trata de una pena insuficiente frente a la gravedad de los crímenes.
