El Ministerio de Minas adjudicó más de 322.000 millones de pesos a la Empresa Distribuidora del Pacífico (Dispac) para instalar soluciones solares en comunidades vulnerables de La Guajira. El proyecto, concebido para beneficiar a más de 10.600 usuarios, ha despertado inquietudes por la participación de contratistas con antecedentes cuestionados y por los retrasos en la ejecución, que a mitad de año apenas alcanzaban un avance cercano al 1,4 por ciento.
Entre los consorcios seleccionados figuran compañías vinculadas en el pasado al escándalo de Centros Poblados y una firma relacionada con familiares de la senadora Martha Peralta. Aunque las adjudicaciones se hicieron bajo procesos interadministrativos, la competencia fue mínima: en cada lote se presentó un único proponente y terminó siendo adjudicado sin disputa de precios. Las observaciones de la interventoría señalan además inconsistencias en informes y usuarios inexistentes en uno de los lotes.
Dispac y los contratistas han defendido la legalidad de los procesos y aseguran que los anticipos entregados corresponden a mecanismos de financiación inicial, no a pagos por avance. La empresa sostiene que el proyecto ya muestra resultados en territorio y que el porcentaje reportado no refleja la totalidad de la ejecución física. Las autoridades mantienen la supervisión técnica y jurídica, mientras la discusión pública se centra en la transparencia de los contratos y en la necesidad de garantizar que los recursos lleguen efectivamente a las comunidades de La Guajira.
