Luz Amanda Pallares, conocida con los alias de ‘Silvana Guerrero’, ‘Ana María’, ‘Isabel’ o ‘Silvia’, volvió al centro de la atención nacional luego de que el Gobierno de Abelardo De La Espriella la señalara como uno de sus objetivos prioritarios en la ofensiva contra el ELN. Según reportes de inteligencia citados por medios como Caracol Radio, El Colombiano e Infobae, Pallares sería una de las principales comandantes del Frente de Guerra Nororiental, con influencia en Norte de Santander, el sur del Cesar y zonas fronterizas con Venezuela, y tendría bajo su órbita una estructura cercana a las 2.000 personas entre combatientes y redes de apoyo.
Su trayectoria resulta particularmente polémica porque antes de convertirse en uno de los rostros señalados de la estructura del ELN, Pallares tuvo un papel destacado como negociadora de esa guerrilla. Fue integrante de las delegaciones que participaron en procesos de paz con los gobiernos de Juan Manuel Santos y Gustavo Petro, y durante años apareció como una de las voceras políticas del grupo armado. Sin embargo, reportes de las autoridades y antecedentes periodísticos también la han relacionado con la estructura del Frente de Guerra Nororiental, mientras que en 2019 se informó sobre una orden de captura en su contra por su presunta vinculación con el atentado contra la Escuela General Santander.
Ahora, su nombre vuelve a aparecer en medio de la ofensiva militar ordenada por De La Espriella contra el ELN, después de varios ataques registrados en Norte de Santander. Las autoridades ofrecen una recompensa superior a $1.600 millones por información que permita ubicarla, mientras reportes de inteligencia le atribuyen un papel en las finanzas, el manejo de masas y la dirección política y organizativa de la guerrilla en el Catatumbo. Su caso resume uno de los mayores desafíos de la nueva política de seguridad: perseguir a una dirigente que durante años se movió entre las mesas de negociación y las estructuras de poder del ELN, pero que hoy es presentada por el Gobierno como una amenaza prioritaria para la seguridad nacional.
