El presidente Abelardo De La Espriella sigue desmontando la política de “paz total” impulsada por el gobierno anterior. En las últimas horas, mediante la Resolución 391 de 2026, el Ejecutivo dejó sin efecto la mesa de diálogo con el ELN y revocó la designación de quienes habían sido nombrados como negociadores por Gustavo Petro, entre ellos Vera Grabe, María José Pizarro e Iván Cepeda. La decisión se enmarca en la postura reiterada del mandatario: no habrá conversaciones con grupos armados ilegales, el único camino será el sometimiento.
La medida también alcanzó al espacio de acercamientos con el Clan del Golfo. A través de la Resolución 390 de 2026, se revocaron las designaciones de Álvaro Jiménez Millán y otros representantes que habían sido autorizados para adelantar diálogos con ese grupo criminal. Con ello, el Gobierno marca un giro frente a la estrategia anterior, que mantuvo negociaciones pese a los incumplimientos y acciones violentas atribuidas a esas organizaciones.
De La Espriella ha insistido en que ningún funcionario tiene autorización para entablar conversaciones con estructuras armadas y que, de hacerlo, será denunciado ante las autoridades competentes. El mensaje busca dejar claro que la política de seguridad se centra en la aplicación de la ley y en cerrar la puerta a procesos que, según el Ejecutivo, no ofrecieron resultados en el pasado y terminaron fortaleciendo a los grupos ilegales.
