El caso de Juliana Guerrero dio un nuevo y polémico giro este miércoles 9 de septiembre. La joven reapareció en una audiencia virtual y, de acuerdo con lo expuesto durante la diligencia, aceptó responsabilidad por el delito de fraude procesal dentro del proceso relacionado con los títulos académicos que presentó para acreditar su formación profesional. El preacuerdo contempla una pena de 36 meses de prisión, aunque deberá ser revisado y avalado por un juez para que tenga efectos definitivos.
Durante la audiencia, Guerrero habría reconocido que actualizó su hoja de vida en el SIGEP II y presentó los documentos ante el Ministerio de la Igualdad con el propósito de quedar habilitada para aspirar al cargo de viceministra de Juventudes. El proceso está relacionado con los cuestionados títulos de Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria. La investigación de la Fiscalía sostiene que los documentos fueron expedidos sin que se cumplieran los requisitos académicos, mientras que la Fundación Universitaria San José terminó anulándolos.
El nuevo acuerdo ocurre después de que Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación San José, aceptara su responsabilidad y fuera condenado a 36 meses de prisión, en una decisión que se convirtió en la primera condena dentro de este escándalo. Según la Fiscalía, Gutiérrez utilizó sus permisos en la plataforma académica para autorizar la expedición de los títulos sin que Guerrero cumpliera los requisitos correspondientes. Ahora, el foco queda puesto en el preacuerdo de Guerrero: aunque la aceptación de responsabilidad representa un fuerte giro en el proceso, todavía no equivale por sí sola a una condena ejecutoriada, pues falta la decisión judicial sobre el acuerdo.
