Sipí, un pequeño municipio del Chocó, vive una cadena de tragedias que parece no tener fin. Lo que comenzó con un terremoto de magnitud 7,4 el pasado 10 de agosto, dejó viviendas destruidas, escuelas en ruinas y familias enteras sin techo. Apenas dos días después, un vendaval arrasó con los techos que aún quedaban en pie, golpeando de nuevo a una población que intentaba levantarse de los escombros. La Defensoría del Pueblo describió la situación como “una grave y compleja crisis humanitaria producto de múltiples y simultáneas emergencias”.
Cuando la esperanza parecía asomarse con la llegada de ayudas humanitarias, la violencia se sumó al dolor. El 23 de agosto, enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN en la zona de Chaparral dejaron heridos a tres civiles y provocaron el desplazamiento de más de 100 familias. Testigos relataron que incluso se usaron drones cargados con explosivos, generando terror en comunidades que ya estaban debilitadas por los desastres naturales. La Defensoría constató daños en viviendas, bienes colectivos y un fuerte impacto psicológico en la población.
Hoy, cientos de familias permanecen confinadas o desplazadas en municipios vecinos como Istmina, mientras otras sobreviven en condiciones precarias en Barrancón, Charco Hondo y Charco Largo. La crisis se extiende a otras zonas del Chocó, donde la presencia de grupos armados ilegales y la expansión de la minería ilegal agravan la vulnerabilidad de comunidades afrodescendientes e indígenas. En Sipí, la sensación es que las “siete plagas” han caído sobre su gente, que clama por paz, ayuda y un respiro en medio de tantas emergencias consecutivas.
