La controversia alrededor de los bombardeos ordenados por el Gobierno de Abelardo De La Espriella creció este martes tras conocerse que un adolescente de 16 años murió durante la operación aérea ejecutada el pasado 10 de agosto contra una estructura del ELN en el Catatumbo, Norte de Santander. El caso se suma a los tres menores de 15, 15 y 16 años que murieron en el bombardeo del 27 de agosto contra disidencias de las FARC en El Retorno, Guaviare. Con estas nuevas identificaciones forenses, ya son cuatro los menores fallecidos en dos de las operaciones aéreas adelantadas durante las primeras semanas del nuevo Gobierno.
El operativo en Catatumbo también dejó afectaciones entre la población civil. Según los reportes conocidos, tres campesinos resultaron heridos y se registraron daños en viviendas, además de desplazamientos hacia el casco urbano de El Tarra. Estos hechos motivaron solicitudes de investigación por parte de organismos locales y humanitarios. En el caso del Guaviare, el Ministerio de Defensa ha defendido la operación asegurando que los tres menores fallecidos hacían parte de la estructura armada y se encontraban en “función continua de combate”, mientras las autoridades han insistido en denunciar el reclutamiento de niños y adolescentes por parte de los grupos ilegales.
La revelación vuelve a poner en el centro del debate la estrategia de seguridad de De La Espriella, quien en apenas tres semanas de Gobierno ha ordenado tres bombardeos contra estructuras armadas en Catatumbo y Guaviare. Mientras el Ejecutivo sostiene que los grupos ilegales están utilizando menores dentro de sus filas y que la responsabilidad recae en quienes los reclutan, organizaciones y expertos en derechos humanos cuestionan el impacto de estas operaciones sobre niños que, por su condición de menores reclutados, son considerados víctimas del conflicto.
