Un informe reservado de inteligencia militar y policial puso sobre la mesa la magnitud de las rentas ilegales que sostienen a los grupos armados en Colombia. Según ese documento, actividades como la minería ilegal, el narcotráfico, la extorsión y el contrabando generan miles de millones de dólares al año, con corredores estratégicos en Antioquia, sur de Bolívar y Córdoba. Solo por la extracción de oro en esas zonas, las ganancias mensuales se calculan en 47 millones de dólares, una cifra que ilustra el poder económico de estructuras como el Clan del Golfo y el ELN.
El análisis detalla que el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia, tendría ingresos cercanos a los 33 millones de dólares mensuales, mientras que el ELN rondaría los 7 millones. Estos recursos, según las fuentes consultadas, se mueven a través de esquemas de “franquicias criminales” que obligan a pequeños mineros a pagar regalías y que terminan lavándose en sectores como la ganadería, el transporte informal y el mercado inmobiliario. A la par, las disidencias de las Farc mantienen su foco en el narcotráfico, controlando rutas en el Pacífico nariñense y el Catatumbo, donde la presencia de cultivos ilícitos sigue siendo un motor de expansión.
Lo más llamativo del informe es la dimensión de las cifras: en 2025, las rentas ilegales de la minería de oro superaron los 8.400 millones de dólares, un monto que equivale a más de 27 billones de pesos. Para ponerlo en perspectiva, esa suma sobrepasa varias veces los presupuestos anuales de ciudades como Medellín, Barranquilla o Cali. En otras palabras, mientras el Estado lucha por contener la violencia, los grupos armados han logrado construir un músculo financiero que no solo sostiene su guerra, sino que les permite crecer y adaptarse en distintas regiones del país.
