El caso de Michael Felipe Santos, el joven que ingresó al CAI de Galán en Bogotá con un cuchillo para atacar a un policía, abrió un debate sobre el uso de la fuerza por parte de la institución. El auxiliar herido respondió con su arma de dotación y abatió al agresor en medio de un forcejeo que terminó fuera de la estación. La familia del hombre cuestionó la actuación del uniformado y aseguró que pudo haberse optado por reducirlo físicamente.
Los allegados señalaron que Santos padecía esquizofrenia y que había estado bajo tratamiento médico, aunque sus medicamentos fueron suspendidos. Su hermana y su madre afirmaron que él era un paciente tranquilo y que incluso habían advertido en el CAI sobre su condición. La Policía, por su parte, confirmó que no tenía antecedentes judiciales, aunque sí había sido trasladado en dos ocasiones a centros de protección por conductas agresivas.
El hecho dejó al descubierto la tensión entre la legítima defensa de los uniformados y la atención a personas con enfermedades mentales en escenarios de riesgo. Mientras el auxiliar herido fue dado de alta tras recibir atención médica, la discusión sobre protocolos de actuación y el manejo de pacientes psiquiátricos en situaciones de violencia sigue abierta en la opinión pública.
