El futuro de la política de Paz Total, impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro, entró en un punto de quiebre en el Congreso. Dos iniciativas legislativas buscan modificar o eliminar la norma que permitió suspender órdenes de captura y abrir negociaciones con estructuras criminales de alto impacto. Una de ellas plantea derogar por completo la ley, mientras que otra propone reformarla para restringir beneficios y limitar el alcance de los diálogos.
El gobierno de Abelardo De La Espriella respalda la segunda alternativa, que establece que el sometimiento de organizaciones ilegales se regirá únicamente por la justicia ordinaria o por un marco específico definido por el legislador. La propuesta también elimina la posibilidad de otorgar estatus político a grupos sin naturaleza político-militar, lo que marcaría un giro frente a la estrategia anterior que reconoció al Clan del Golfo como actor armado.
La primera decisión oficial será suspender los beneficios otorgados a voceros de estructuras criminales en ciudades como Medellín, Buenaventura y Quibdó. Con ello, el Ejecutivo busca frenar los efectos de la Paz Total y avanzar hacia una política de sometimiento que combine persecución judicial y fortalecimiento institucional. El debate en el Congreso será determinante para definir el rumbo de la seguridad y la justicia en los próximos años.
