Durante su visita a Montería el pasado 20 de agosto, la directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido, lanzó una denuncia que sacudió la discusión sobre la Reforma Agraria en Córdoba. Según explicó, se encontraron graves irregularidades en la entrega de predios a campesinos: algunos no pertenecían al Banco de Tierras y otros incluso estaban embargados, lo que pone en riesgo la seguridad jurídica de los beneficiarios.
Con la frase contundente “Vamos a limpiar la casa”, Garrido anunció una depuración interna de los procesos heredados del gobierno anterior. En sus declaraciones, habló de más de 40.000 hectáreas entregadas de manera irregular y de cerca de medio billón de pesos comprometidos en contratos cuestionados. La advertencia busca marcar un punto de quiebre en la gestión de tierras y recuperar la confianza en las instituciones.
El pronunciamiento abre un nuevo frente de debate sobre la transparencia en la política agraria. El gobierno de Abelardo De la Espriella ha señalado que su propósito es recomponer la Reforma Agraria, garantizando títulos válidos y proyectos productivos sostenibles para los campesinos. La denuncia de Garrido, más allá de cifras y procesos, pone sobre la mesa la urgencia de que las tierras entregadas sean realmente un motor de desarrollo y no un foco de incertidumbre.
