La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de concusión a Jairo Winston Mendoza Soto, quien se desempeñaba como auxiliar administrativo de la Registraduría en Montería, por presuntamente exigir $100 millones a una candidata al Congreso a cambio de favorecerla con 1.000 votos en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo.
Según la investigación, Mendoza Soto habría contactado a la aspirante el 25 de febrero y posteriormente se habría reunido con ella en su residencia. En un segundo encuentro, realizado en una cafetería de Montería, presuntamente habría reiterado la exigencia económica y asegurado que tenía capacidad para manipular los resultados electorales y garantizar los votos ofrecidos. El caso había generado atención desde la jornada electoral, cuando se conocieron denuncias sobre una supuesta negociación de votos en Córdoba.
Es importante precisar que se trata de una investigación en curso y que Mendoza Soto no aceptó los cargos. Además, reportes periodísticos señalan que no era el registrador departamental ni ocupaba un cargo directivo, sino que habría sido contratado temporalmente como auxiliar administrativo para labores relacionadas con las elecciones. Ahora un juez deberá definir su situación jurídica mientras avanzan las actuaciones judiciales.
