El Gobierno de Abelardo De La Espriella acaba de dar un paso que promete cambiar la estrategia de seguridad de Colombia: Estados Unidos prestará al país tres aeronaves remotamente pilotadas MQ-9A Reaper, mientras se contempla la compra de una cuarta con recursos colombianos. Las aeronaves, fabricadas por General Atomics, están diseñadas para permanecer durante largos periodos sobre una zona y serán utilizadas en labores de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, así como en operaciones contra el narcotráfico y grupos armados organizados.
Lo que hace especialmente polémico el anuncio es que la configuración prevista contempla capacidad de armamento, por lo que Colombia podría contar con una plataforma capaz no solo de localizar y seguir objetivos, sino también de realizar ataques de precisión contra blancos estratégicos, siempre bajo las reglas de enfrentamiento y las autorizaciones correspondientes. El movimiento hace parte del nuevo acercamiento militar entre Bogotá y Washington impulsado por la administración de De La Espriella. Desde julio, el Gobierno entrante ya había avanzado con Estados Unidos en el denominado ‘Plan Patriota 2.0’, una estrategia que busca elevar la cooperación en inteligencia, operaciones especiales, ciberseguridad y lucha contra el narcotráfico.
El mensaje político es contundente: Colombia quiere volver a tener capacidad para perseguir desde el aire a las estructuras criminales que durante años han utilizado la geografía del país para esconderse y mover droga. La llegada de los Reaper exigirá además infraestructura, operadores especializados y una base logística que permita sostener esta capacidad de manera permanente.
