La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres enfrenta hoy el reto de atender a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, en medio de cuestionamientos derivados de presuntos hechos de corrupción y deficiencias administrativas registrados en años recientes. Según informes de la Contraloría General, la entidad habría sido escenario de irregularidades en contratos de obra y programas sociales, con sobrecostos que alcanzaron cifras millonarias en departamentos como La Guajira, Córdoba, Bolívar y Santander.
De acuerdo con el vicecontralor encargado, Carlos Mario Zuluaga, en junio de 2024 se reportaron hallazgos fiscales por más de cinco billones de pesos, relacionados con detrimento patrimonial y sobrecostos en proyectos destinados a la atención de emergencias. Entre los casos más visibles figura la adquisición de 40 carrotanques para La Guajira, cuyo valor presentó inconsistencias técnicas y financieras, así como el programa “Hambre Cero”, que registró sobrecostos en la entrega de raciones alimentarias. Estos señalamientos han puesto bajo la lupa la gestión de la entidad y la necesidad de fortalecer sus mecanismos de transparencia y control.
Hoy, mientras el país enfrenta las consecuencias del sismo, la UNGRD debe responder con eficacia a las demandas de las comunidades afectadas. La emergencia ha evidenciado no solo la vulnerabilidad de los territorios, sino también la importancia de contar con instituciones sólidas y confiables. Para las familias que esperan ayuda en el suroccidente del país, la prioridad no es la polémica administrativa, sino la llegada oportuna de apoyo, reconstrucción y acompañamiento en medio de la tragedia.
