Una integrante de una comunidad indígena afirmó que, en su experiencia, algunos participantes de las movilizaciones indígenas reciben apoyo logístico para asistir a las protestas, incluyendo transporte, hospedaje y alimentación. Según su testimonio, el traslado de una sola «chiva» o bus escalera puede representar un costo mínimo de 10 millones de pesos, recursos que, a su juicio, son destinados a convocar personas a manifestaciones que terminan desarrollándose en las ciudades.
La joven indígena sostiene que muchos de sus compañeros dejan temporalmente sus labores en el campo para participar en protestas que, según ella, responden más a intereses políticos que a las necesidades reales de las comunidades rurales. En su opinión, estas movilizaciones no generan soluciones concretas para los problemas que enfrentan los pueblos indígenas en sus territorios, como el acceso a proyectos productivos, infraestructura, salud, educación y seguridad.
Diversos analistas han señalado que la participación de organizaciones indígenas en manifestaciones nacionales suele estar respaldada por procesos de coordinación comunitaria y, en algunos casos, por recursos destinados a garantizar la logística de los desplazamientos. Sin embargo, también existe un debate sobre el alcance y los objetivos de estas movilizaciones: mientras algunos sectores las consideran un mecanismo legítimo para exigir el cumplimiento de derechos, otros cuestionan que puedan ser utilizadas con fines políticos. Las afirmaciones del testimonio corresponden a la percepción de la fuente consultada y no constituyen una conclusión general sobre todas las comunidades indígenas o sus organizaciones.
