Las declaraciones del presidente Gustavo Petro volvieron a encender la polémica en el país. El mandatario aseguró que, si en el próximo gobierno se desmontan las reformas sociales impulsadas durante su administración, la respuesta deberá ser una gran movilización ciudadana. Pero la frase que más controversia desató fue su advertencia de que, si considera que intentan procesarlo o enviarlo a la cárcel de manera injustificada, convocará una huelga general indefinida.
Las palabras de Petro provocaron una inmediata ola de reacciones entre sectores políticos y ciudadanos. Mientras sus seguidores interpretan el mensaje como un llamado a defender las reformas y la voluntad popular mediante la protesta social, sus críticos sostienen que este tipo de pronunciamientos elevan la tensión política y podrían profundizar la polarización que atraviesa el país. El presidente ha insistido en otras ocasiones en que la movilización social y la huelga son mecanismos amparados por la Constitución.
El anuncio llega en un momento de alta confrontación política y abre un nuevo capítulo en el debate nacional sobre los límites entre la protesta ciudadana y la presión política. La advertencia de una eventual huelga general indefinida, sumada a la posibilidad de movilizaciones masivas, vuelve a poner a Petro en el centro de la discusión pública y anticipa un escenario de fuerte tensión si llegaran a presentarse acciones judiciales en su contra o un eventual desmonte de las reformas que impulsó durante su gobierno.
