La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de captura contra el expresidente Evo Morales, tras la denuncia presentada por el Comité Cívico Pro-Santa Cruz y respaldada por el Ministerio de Gobierno. El escrito, firmado por el fiscal anticorrupción Brayan Melgar, señala la presunta comisión de seis delitos, entre ellos terrorismo y alzamiento armado, en el contexto de los bloqueos que se extendieron por más de 50 días en distintas regiones del país.
De acuerdo con la información oficial, los cargos incluyen alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictiva, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. La demanda también involucra a otros dirigentes sociales, como Mario Argollo, de la Central Obrera Boliviana, y Vicente Salazar, de la Federación de Campesinos Túpac Katari, este último en prisión preventiva. Cabe precisar que, hasta el momento, no se ha confirmado un proceso judicial concluido ni una sentencia sobre estos hechos.
El caso se desarrolla en medio de un clima político marcado por protestas y tensiones sociales. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, los bloqueos dejaron un saldo de 22 fallecidos y 88 heridos, aunque la entidad subrayó que corresponde a la Fiscalía consolidar las cifras y avanzar en los procesos penales pertinentes. Mientras tanto, las declaraciones del presidente Rodrigo Paz y las reacciones en actos públicos han mantenido el tema en la agenda nacional, pero cualquier responsabilidad penal sobre Morales y los demás señalados permanece bajo investigación y en el marco de la presunción de inocencia.
