La reciente jornada electoral dejó un resultado polémico: Iván Cepeda obtuvo la mayoría de votos en 103 municipios bajo fuerte influencia de grupos armados y en 28 municipios con alta concentración de cultivos de coca, según reportes periodísticos. Su victoria se consolidó en regiones de difícil acceso, conocidas como “zonas rojas”, que incluyen departamentos como Chocó, Amazonas, Valle del Cauca, Pacífico, Bolívar, Caquetá, Cauca, Córdoba, Guainía, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo, Vaupés y Vichada.
El fenómeno ha generado debate nacional, pues se trata de territorios históricamente golpeados por la violencia, el narcotráfico y la ausencia del Estado. En estas zonas, Cepeda logró movilizar un caudal electoral significativo, lo que algunos analistas interpretan como un respaldo de comunidades marginadas que buscan representación política, mientras otros lo ven con suspicacia por el contexto de inseguridad y economías ilegales.
La polémica se intensifica porque estos resultados contrastan con los obtenidos en las grandes ciudades, donde la competencia fue más reñida. La narrativa de que Cepeda “ganó en las zonas rojas” se ha convertido en un titular explosivo que alimenta la discusión sobre la legitimidad del voto en territorios controlados por actores armados y sobre el papel que jugarán estas regiones en el futuro político del país.
