En Puerto Gaitán, Meta, cerca de 3.000 trabajadores de diferentes áreas han manifestado su inconformidad frente al cese de actividades adelantado por el gremio metalmecánico. Según los denunciantes, los bloqueos que se mantienen desde inicios de junio han generado pérdidas económicas y sociales, afectando directamente a quienes dependen de la industria petrolera y de sectores asociados para sostener a sus familias.
Los trabajadores aseguran que, aunque reconocen el derecho del gremio metalmecánico a exigir mejores condiciones laborales, estas acciones no pueden transgredir los derechos de otros empleados. Señalan que actualmente existen alrededor de 170 bloqueos que han paralizado operaciones en campos como Quifa y Rubiales, lo que ha derivado en despidos masivos, suspensión de contratos y una disminución del mínimo vital que la Constitución garantiza a todo colombiano.
Durante las protestas realizadas frente a la Alcaldía Municipal, los manifestantes expresaron que se sienten abandonados y sin respaldo jurídico, pues empresas como Ecopetrol y Frontera Energy han venido cancelando contratos de manera generalizada. Aseguran que esta situación afecta no solo a los trabajadores operativos, sino también a áreas administrativas, ambientales y civiles, que dependen de la continuidad de las operaciones para mantener su estabilidad económica.
La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) advirtió que las pérdidas por los bloqueos se estiman en 500 millones de pesos, lo que impacta la inversión extranjera y la cadena de contratistas. Sin embargo, los trabajadores recalcan que su preocupación principal no es la cifra económica, sino la falta de garantías para ejercer un trabajo digno y estable, en igualdad de condiciones frente a otros gremios que reciben beneficios adicionales.
Los manifestantes hicieron un llamado al alcalde César Pérez y a las autoridades competentes para que promuevan espacios de diálogo que permitan superar la crisis. Insisten en que su objetivo es que se respete tanto el derecho a la protesta como el derecho al trabajo, buscando alternativas que permitan retomar la normalidad sin afectar la estabilidad de miles de familias que dependen de la actividad petrolera en Puerto Gaitán.
