La denuncia del gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, destapó un escenario alarmante: las disidencias de las FARC estarían obligando a la población rural a votar por un candidato específico en los próximos comicios. Según el mandatario, los grupos armados se ubican en las entradas de los puestos de votación para sembrar miedo y controlar el sufragio, amenazando con desplazamiento forzado a quienes no acaten sus órdenes. La situación, calificada como un “plan sistemático”, pone en jaque la libertad democrática en la región.
El esquema de presión incluye exigencias insólitas: desde entregar listas con nombres y cédulas de los votantes hasta presentar fotografías del voto al salir de las urnas. Además, los ilegales han instaurado un régimen de sanciones económicas, con multas que oscilan entre 150.000 y 200.000 pesos para quienes no porten un carné de empadronamiento obligatorio. Más grave aún, las Juntas de Acción Comunal podrían ser castigadas con hasta 2 millones de pesos si aparecen votos por candidatos distintos al señalado por las disidencias.
Mientras tanto, el ministro de Defensa niega la existencia de este constreñimiento, lo que generó la indignación del gobernador, quien acusa al Gobierno central de “vivir en otro mundo” y de ignorar la realidad dolosa que padecen los campesinos. La denuncia confirma que el proceso electoral en Caquetá está bajo la sombra del miedo, con actores armados imponiendo su voluntad y convirtiendo el derecho al voto en un mecanismo de control político y financiero.
