En un tono desafiante, el subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, conocido como “El Quitavisas”, lanzó una advertencia que sacudió la política colombiana: quienes se atrevan a comprar votos en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio perderán sus visas y las de sus familias. Washington asegura que está dispuesto a usar la revocación de visados como arma diplomática para frenar el fraude electoral, enviando un mensaje directo a los clanes políticos del Caribe.
La costa Caribe se ha convertido en el epicentro de las sospechas. Denuncias de un supuesto plan de 60.000 millones de pesos para la compra masiva de votos han encendido las alarmas. Abelardo De La Espriella, candidato de derecha, acusó al ministro del Interior, Armando Benedetti, de ser el “comandante” de esta operación, calificándolo como “comprador de votos consuetudinario”. Mientras tanto, Estados Unidos asegura que está monitoreando cada movimiento en la región para evitar que se manipulen los resultados oficiales.
La advertencia llega en medio de una campaña marcada por acusaciones cruzadas: De La Espriella denuncia la “mayor compra de votos en la historia de Colombia”, mientras el presidente Gustavo Petro y su aliado Iván Cepeda cuestionan irregularidades en el preconteo. En este ambiente de desconfianza, la intervención de EE. UU. añade un ingrediente explosivo: la amenaza de sanciones migratorias que podría golpear directamente a las élites políticas y económicas del Caribe. El mensaje es claro: quien juegue con la democracia, se queda sin visa
