En Colombia, lo que nació como un mecanismo constitucional para proteger la cosmovisión y los derechos de los pueblos indígenas se ha transformado en una peligrosa puerta de escape para criminales de alto perfil. Investigaciones revelan que reconocidos narcotraficantes, como Juan Carlos Vacca Castillo, alias Dimax, han logrado burlar condenas de más de 40 años de prisión gracias a certificados de pertenencia indígena obtenidos de manera fraudulenta.
Las autoridades han documentado cómo estos delincuentes aparecen “censados” en comunidades indígenas sin tener raíces culturales ni familiares con ellas. El Ministerio del Interior y algunos juzgados han avalado traslados a resguardos en Valle del Cauca, Nariño y Cauca, pese a las inconsistencias evidentes.
La Fiscalía y el Ministerio Público, en lugar de frenar el abuso, habrían respaldado decisiones que hoy son vistas como parte de un entramado de corrupción que involucra cabildos, jueces y funcionarios estatales. Todo apunta a que las órdenes provienen de una red que mezcla dinero, poder y complicidad institucional.
El escándalo no se limita a narcotraficantes: alcaldes y políticos del suroccidente colombiano también estarían buscando refugio en estas comunidades para evadir la justicia. Lo que debería ser un espacio de preservación cultural se ha convertido en un escenario de impunidad. La pregunta que queda en el aire es quién está realmente detrás de estas órdenes: ¿los cabildos que reciben dinero, los jueces que avalan los traslados, o los funcionarios del Ejecutivo que legitiman la farsa? Lo cierto es que la justicia indígena, que estaría siendo usada como fachada, hoy está en el ojo del huracán.
