El Juzgado 35 Penal con Función de Control de Garantías ordenó la libertad de Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las regiones, dentro del proceso por el presunto entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión se tomó tras una solicitud de la defensa, que argumentó el vencimiento de términos, al haberse superado los plazos legales sin que se iniciara el juicio oral.
Durante la audiencia, el juez analizó el cómputo de días en relación con el presunto delito de lavado de activos, recordando que, según el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, deben transcurrir 240 días desde la acusación sin inicio de juicio para que proceda la libertad. La Fiscalía y la representación de víctimas señalaron supuestas maniobras dilatorias de la defensa, como presuntos aplazamientos y recursos, mientras que el abogado Mauricio Camacho sostuvo que se trataba de actuaciones legítimas para preparar el caso. La Procuraduría respaldó esta última postura, al considerar que dichas acciones hacían parte del derecho a la defensa.
El juez, al resolver el debate, cuestionó que se pretendiera sancionar a una parte por ejercer derechos reconocidos por la ley y enfatizó que no era razonable derivar consecuencias negativas de solicitudes justificadas de aplazamiento o de la búsqueda de pruebas. Con ello, se concedió la libertad a Ortiz, quien llevaba más de 500 días privada de la libertad, mientras el proceso penal continúa su curso.
