El Gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta cuestionamientos tras las declaraciones de Angie Rodríguez, quien en entrevista con SEMANA señaló que Juliana Guerrero, pese a no ser funcionaria pública, tendría influencia en decisiones de varias entidades nacionales. Según Rodríguez, Guerrero mantiene cercanía con el mandatario y, a pesar de enfrentar un proceso judicial, contaría con un esquema de seguridad otorgado por la Unidad Nacional de Protección.
El tema generó debate político luego de que el senador electo Daniel Briceño cuestionara públicamente la asignación de dicho esquema. En El Debate de SEMANA, Briceño afirmó que no existiría razón para que Guerrero disponga de chaleco antibalas, escoltas y camionetas, mientras líderes sociales en el país carecen de protección adecuada. El congresista recalcó que Guerrero no ostenta cargos oficiales ni reconocida labor social, y que además enfrenta un proceso judicial por presunta falsificación de un título.
Ante esta situación, Briceño informó que radicó una solicitud ante el director de la UNP, Augusto Rodríguez, para que explique las razones de la protección otorgada. El senador electo advirtió que, de no obtener respuesta, acudirá a mecanismos legales como la acción de tutela. En sus declaraciones, insistió en que la ciudadanía merece claridad sobre por qué una persona sin investidura pública recibe beneficios de seguridad, mientras persiste la vulnerabilidad de líderes sociales en distintas regiones del país.
