La tragedia de la familia Hernández en Cantagallar, jurisdicción de El Piñón, Magdalena, ha puesto de manifiesto una vez más la compleja realidad que atraviesan las comunidades en las zonas rurales del departamento. Tras un atentado que segó la vida de Alex Hernández, la ausencia de las instituciones en áreas de difícil acceso obligó a sus allegados a asumir una tarea desgarradora: el levantamiento del cuerpo por sus propios medios. En un territorio donde las condiciones de seguridad limitan la presencia estatal, el duelo se ve agravado por la soledad de quienes deben gestionar sus propias tragedias en medio del silencio de las trochas.
La imagen de un padre cargando a su hijo fallecido en una motocicleta para trasladarlo fuera del lugar del crimen resume la desolación de una población que se siente desprotegida. Sin vehículos de criminalística ni acompañamiento de la fuerza pública en el momento del suceso, la familia Hernández tuvo que sobreponerse al riesgo y al impacto emocional para garantizar que su ser querido regresara a casa. Este acto de amor y desesperación evidencia una problemática estructural en la que los protocolos oficiales quedan suspendidos ante las barreras de seguridad que impiden el ejercicio inmediato de la autoridad.
Alex Hernández, recordado en su comunidad por su dedicación a diversos oficios, se suma ahora a la lista de víctimas cuya muerte queda bajo investigación. Sin embargo, más allá de los reportes judiciales, el hecho deja una huella profunda sobre las dificultades de la vida en el campo colombiano, donde la violencia y el abandono estatal parecen entrelazarse. Mientras las autoridades buscan esclarecer lo ocurrido, la escena vivida en Cantagallar queda como un crudo testimonio de la fortaleza de las familias que, ante la falta de garantías, no tienen más opción que enfrentar su dolor con sus propios recursos.
