La Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas sobre la situación de las EPS intervenidas por el Gobierno, tras la suspensión de cinco interventores encargados de entidades como Asmetsalud, Coosalud, Saviasalud, Servicio Occidental de Salud y Capresoca. Según la procuradora delegada para el sector Salud, Mónica Ulloa, los hallazgos evidencian un deterioro progresivo en la gestión administrativa y financiera, lo que ha impactado directamente en la prestación de servicios a los afiliados.
El informe señala que las EPS intervenidas presentan pérdidas patrimoniales acumuladas que superan los 12 billones de pesos, altos niveles de siniestralidad y dificultades para responder a tutelas y reclamos de los usuarios. La presunta falta de estados financieros claros en algunas entidades, como la Nueva EPS, y la contratación por evento considerada más costosa han agravado la crisis, generando un desbalance entre los ingresos y los gastos médicos.
Ante este panorama, la Procuraduría insiste en la necesidad de designar interventores con plena capacidad técnica y jurídica para implementar planes de mejoramiento efectivos. La principal preocupación, según Ulloa, es garantizar el derecho a la salud de millones de colombianos, en un sistema que, de acuerdo con sus conclusiones, no está funcionando de manera adecuada y requiere medidas urgentes para evitar un mayor deterioro.
