La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, solicitó a la ONU, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al Departamento de Estado de EE. UU. un acompañamiento especial para las elecciones del 31 de mayo. La petición surge tras la decisión de la Fiscalía de suspender las órdenes de captura contra 23 cabecillas criminales, a solicitud del Gobierno.
Valencia advirtió que esta medida, tomada a dos meses de los comicios, podría convertirse en un mecanismo de presión en territorios dominados por grupos ilegales. Aunque no se libere a quienes ya están presos, el mensaje enviado a la población y a las organizaciones armadas es claro: los líderes criminales quedan protegidos mientras avanza la campaña presidencial.
Según la candidata, la política de “Paz Total” ha fracasado, pues los grupos ilegales se han fortalecido y ahora reciben beneficios en plena coyuntura electoral. Para la derecha, esta decisión no solo pone en riesgo la seguridad, sino también la transparencia de las elecciones, abriendo la puerta a un escenario de intimidación y manipulación del voto.
