La Procuraduría Regional de Instrucción de Córdoba le puso punto final a la investigación disciplinaria que se adelantaba contra los 19 concejales de Montería, luego de la queja presentada por Devier Acosta Pimienta por la aprobación del Acuerdo 006 de 2024, mediante el cual se autorizó un cupo de endeudamiento de hasta $200 mil millones para el municipio.
Tras revisar los documentos, el organismo concluyó que los concejales actuaron dentro de sus competencias constitucionales y legales. Sobre el cuestionamiento por el tiempo de la autorización, determinó que esta tenía un límite definido, un objeto y una cuantía precisos, por lo que no se configuraba una falta disciplinaria.
Pero eso no fue todo. Frente a la acusación de que el proyecto había sido aprobado sin suficiente estudio ni discusión, la Procuraduría encontró pruebas de que sí hubo socialización, participación de las secretarías de Hacienda e Infraestructura, primer debate en comisión y segundo debate en plenaria. Es decir, el trámite cumplió con los requisitos legales.
Al final, los 19 concejales salieron bien librados de la investigación. La queja promovida por Devier Acosta no encontró respaldo en las pruebas y la Procuraduría ordenó el archivo definitivo del proceso.
