Una denuncia reciente puso bajo la lupa a la senadora Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, por presunto nepotismo. Según el abogado Santiago Henao, familiares cercanos de la congresista habrían recibido contratos estatales por más de $869 millones durante el actual gobierno. Aunque la contratación directa por prestación de servicios es legal en Colombia, el señalamiento apunta a un posible conflicto de interés que reabre el debate sobre transparencia y ética política.
Entre los nombres mencionados aparece su hija, Mayerly Alejandra Legarda Quilcué, quien habría firmado contratos por más de $130 millones con la Unidad de Restitución de Tierras. También se señala a Karen Yisel Hernández Quilcué, con contratos que superarían los $475 millones en distintas entidades, y a Kelly Johana Quilcué Vivas, con acuerdos que sumarían alrededor de $264 millones.
Todos estos contratos, según la denuncia, se habrían suscrito de manera directa en entidades clave como el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Cultura y el Departamento Administrativo de la Presidencia.
La senadora Quilcué, hasta ahora, no ha respondido públicamente a los señalamientos. La Fiscalía no ha abierto investigación formal, pero la denuncia genera ruido político en plena campaña presidencial, donde Quilcué acompaña a Cepeda como fórmula vicepresidencial.
