La Procuraduría General de la Nación reveló un informe que responsabiliza a la Nueva EPS por la muerte del menor Kevin Arley Acosta Pico, quien padecía hemofilia y falleció el pasado 13 de febrero. Según la investigación, la entidad no garantizó la entrega oportuna del medicamento Emicizumab, lo que dejó al niño en una situación clínica crítica y sin tratamiento durante casi dos meses.
El caso expone una cadena de fallas institucionales: Medicarte, la IPS que atendía al menor, suspendió la entrega del medicamento por falta de pago de la EPS; Integral, la IPS que debía recibir a los pacientes, tampoco pudo asumir la atención por la misma razón. En el momento de su fallecimiento, Kevin no estaba asignado a ninguna IPS, lo que evidencia un vacío en la cobertura y la responsabilidad médica.
La Procuraduría advirtió que más de 2.000 pacientes podrían estar en riesgo por la falta de atención asegurada y anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra Óscar Galvis, interventor de la Nueva EPS. Además, compulsó copias del informe a la Fiscalía General de la Nación para que se determinen las responsabilidades penales en este caso, que ha generado indignación y cuestionamientos sobre la crisis del sistema de salud en Colombia.
