En los últimos años, el nombre de Abelardo De La Espriella ha estado en el centro de un debate público relacionado supuestamente con el uso de acciones judiciales contra periodistas y medios de comunicación. De acuerdo con cifras divulgadas por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), entre 2008 y 2019 se habrían registrado 109 denuncias por injuria y calumnia interpuestas por el abogado contra comunicadores.
La organización ha advertido que el uso reiterado de mecanismos como tutelas, demandas civiles y solicitudes de rectificación podría configurar lo que denomina “acoso judicial”, una práctica que, según ha explicado, consiste en acudir a herramientas legales de manera sistemática con efectos inhibitorios sobre la libertad de prensa. Estas afirmaciones corresponden a valoraciones realizadas por la fundación y forman parte de un debate más amplio sobre los límites entre la defensa del buen nombre y la libertad de expresión.
Varios periodistas han relatado públicamente que, tras investigaciones o comentarios críticos, enfrentaron procesos civiles o penales promovidos por De la Espriella. Algunos de esos casos terminaron archivados, declarados improcedentes o resueltos sin condenas contra los comunicadores, mientras que otros se prolongaron durante varios años en despachos judiciales.
Desde la perspectiva de los reporteros y de abogados que los han representado, la reiteración de estas acciones podría generar un efecto de desgaste económico y emocional. No obstante, el propio De la Espriella ha sostenido en distintos escenarios que sus actuaciones buscan proteger derechos fundamentales como la honra y el buen nombre, garantías reconocidas por la Constitución y respaldadas por el ordenamiento jurídico colombiano.
El debate cobra especial relevancia en el contexto político actual, dado que el abogado es candidato presidencial y es una figura pública. Expertos en libertad de expresión recuerdan que las tensiones entre prensa y personajes públicos deben resolverse dentro de los cauces institucionales, evitando descalificaciones y respetando el debido proceso. Hasta el momento, las controversias descritas han sido tramitadas ante los jueces competentes, sin que exista una decisión judicial que establezca la existencia de un patrón ilegal de conducta.
Información tomada de: Vorágine
