El presidente Gustavo Petro no aguantó más y salió a dar la cara ante lo que llamó una «calumnia» monumental. En el ojo del huracán está el millonario contrato de abogados pagado con recursos públicos, que según la oposición, se estaría usando para sacar a la primera dama, Verónica Alcocer, y a su hijo, Nicolás Petro, de la temida Lista Clinton.
El mandatario aseguró que el dinero del Estado solo protege su figura como representante legal de la Nación y no a sus familiares. Tildó de «sectarismo violento» a quienes sugieren que el pueblo colombiano está financiando las defensas personales de su círculo íntimo ante el Departamento del Tesoro de EE. UU.
Para la senadora Paola Holguín, el argumento es falso. Asegura que al ser sanciones personales por presunta obstrucción a la justicia y narcotráfico, el uso de fondos públicos constituye un abuso de autoridad y detrimento patrimonial.
Mientras el Gobierno insiste en que es una cuestión de dignidad nacional, los críticos aseguran que se está abusando del poder para resolver líos jurídicos que no le pertenecen al Estado.
