La reciente polémica por el incremento en las cuotas de administración de la propiedad horizontal ha vuelto a poner en el centro del debate las contradicciones del Gobierno nacional en materia económica. Tras conocerse que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerró en 5,10 %, y que el salario mínimo para 2026 tuvo un aumento del 23,7 %, se abrió una discusión nacional sobre el impacto de estas cifras en los gastos de conjuntos residenciales y edificios.
En este contexto, el presidente Gustavo Petro pidió públicamente a las asambleas de copropietarios no elevar las cuotas de administración más allá del IPC, argumentando que deben evitarse “arribismos” y que las decisiones deben tomarse con criterio de equilibrio económico. El mandatario sostuvo que los propietarios son autónomos y no deberían trasladar el aumento del salario mínimo a la totalidad de los costos administrativos.
Sin embargo, el pronunciamiento presidencial ha sido cuestionado por diversos sectores, que lo consideran incoherente con las propias políticas impulsadas por el Gobierno. Los costos de administración de la propiedad horizontal dependen, en gran medida, de servicios como la vigilancia privada, el aseo y el mantenimiento, rubros que están directamente ligados al salario mínimo, los recargos nocturnos y las nuevas cargas laborales promovidas desde el Ejecutivo.
Para muchos propietarios y administradores, limitar los ajustes únicamente al IPC resulta inviable cuando los gastos reales crecen por encima de ese indicador. En la práctica, las asambleas no deciden de manera arbitraria los aumentos, sino que responden a una estructura de costos que no puede desligarse de las decisiones económicas del Estado.
Críticos del Gobierno señalan que el presidente “tira la piedra y esconde la mano”, pues impulsa reformas y decretos que encarecen la operación de servicios esenciales, pero luego pide a los ciudadanos que absorban el impacto sin reflejarlo en las cuotas de administración. Esta postura, aseguran, traslada la responsabilidad a los propietarios y genera tensiones internas en las copropiedades.
