El presidente Gustavo Petro anunció el pasado 29 de diciembre que el salario mínimo para el año 2026, denominado ahora salario vital, quedará en 2 millones de pesos incluyendo auxilio de transporte, lo que representa un incremento superior al 20% frente al año anterior. La noticia generó reacciones inmediatas en todo el país, con sectores que celebraron el aumento y otros que lo cuestionaron por sus posibles efectos en la economía.
Mientras algunos trabajadores y organizaciones sindicales aplaudieron la medida por considerarla un avance hacia la justicia social y la dignificación laboral, otros sectores expresaron preocupación por el impacto que podría tener en la inflación y en la sostenibilidad de las empresas.
En medio del debate, surgieron comparaciones con lo ocurrido en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez, cuando un aumento abrupto del salario mínimo fue recibido con entusiasmo, pero años después muchos ciudadanos lamentaron las consecuencias económicas que derivaron de esa política.
El anuncio de Petro abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la distribución de la riqueza y la lucha contra la pobreza en Colombia. Aunque el incremento busca mejorar las condiciones de vida de millones de trabajadores, persiste la incertidumbre sobre sus efectos a largo plazo en la economía nacional.
