La Fiscalía General de la Nación impuso medidas de extinción de dominio sobre 23 bienes avaluados en más de 65.900 millones de pesos, vinculados a la exministra de las TIC, Karen Abudinen, y al contratista Emilio Tapia, entre otros implicados en el escándalo de Centros Poblados, que desvió recursos destinados a llevar internet a escuelas rurales. Entre los activos afectados figuran predios rurales, sociedades y establecimientos de comercio en seis departamentos del país.
Abudinen, quien renunció al Ministerio en 2021 tras el estallido del caso, reaccionó con indignación y calificó la medida como injusta. “No es justo que me roben de esta manera”, habría manifestado, defendiendo su inocencia y asegurando que no participó en el desfalco. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que los bienes embargados habrían sido adquiridos con recursos públicos desviados del contrato suscrito entre el MinTIC y la Unión Temporal Centros Poblados.
La medida busca recuperar parte del dinero perdido en el millonario contrato, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país. Con este embargo, la Fiscalía intenta enviar un mensaje de que los responsables no podrán disfrutar de los bienes obtenidos con recursos públicos, mientras el caso sigue generando repercusiones políticas y sociales.
