En medio del agitado panorama político colombiano, la senadora Paloma Valencia encendió la polémica con un mensaje publicado en su cuenta de X. Según su denuncia, Iván Cepeda y el Pacto Histórico estarían presionando a la Fiscalía para que se otorgue libertad a 11 procesados señalados de fabricar explosivos y coordinar actos violentos contra el transporte público y la Fuerza Pública.
El señalamiento involucra a un grupo que, de acuerdo con Valencia, habría simulado ser estudiantes universitarios para ingresar a los campus y preparar allí sus acciones delictivas. La senadora cuestionó la supuesta intención de favorecer a quienes, según las investigaciones, estarían detrás de ataques vandálicos que afectaron la seguridad ciudadana. La controversia se instaló rápidamente en la opinión pública, donde voces a favor y en contra se cruzan sobre la legitimidad de estas presiones.
La denuncia de Valencia pone sobre la mesa el eterno “por qué”: la tensión entre proyectos políticos y decisiones judiciales que impactan directamente en la seguridad de los ciudadanos. Lo que para unos es una defensa de derechos, para otros representa un riesgo de impunidad, dejando claro que el debate apenas comienza y que la ciudadanía sigue atenta a cómo se resuelve este pulso.
