El esquema de seguridad de Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar y hoy gestor de paz, cuesta más de 200 millones de pesos mensuales, según confirmó la Unidad Nacional de Protección. La medida ha generado polémica en el país por el alto gasto público que implica proteger a una figura que, aunque cumple un rol institucional, carga con un pasado marcado por la violencia.
La decisión se tomó en septiembre de 2025, cuando la UNP le asignó un robusto dispositivo de seguridad: ocho escoltas, tres vehículos blindados, un carro convencional y chalecos de protección. El argumento oficial es que Mancuso, tras regresar al país en 2024 luego de cumplir condena en Estados Unidos, enfrenta riesgos por su exposición pública y por su papel en procesos de concertación territorial y encuentros con víctimas. El Gobierno lo nombró gestor de paz, lo que lo obliga a participar en espacios de diálogo y en audiencias ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
Sin embargo, el costo del esquema, que supera los 200 millones mensuales, ha despertado críticas entre congresistas y ciudadanos, quienes cuestionan la proporcionalidad de la medida y el impacto en las finanzas públicas. Mientras el Gobierno defiende la protección como necesaria para garantizar la seguridad de un actor clave en procesos de reconciliación, la opinión pública se pregunta si este gasto refleja realmente las prioridades de un país donde la mayoría exige inversión en salud, educación y seguridad ciudadana.
