La indignación ciudadana crece tras conocerse el contraste en las recompensas ofrecidas por el Ministerio de Defensa en dos hechos recientes. Por un lado, el ministro Pedro Arnulfo Sánchez anunció una recompensa de $200 millones de pesos por información que permita esclarecer el atentado terrorista en Suárez, Cauca, donde murieron dos civiles y un policía resultó herido. Por otro lado, ofreció $1.000 millones por datos sobre los drones que sobrevolaron la casa del ministro del Interior, Armando Benedetti, en Bogotá, en lo que este calificó como una amenaza directa.
El atentado en Cauca, atribuido a las disidencias de alias ‘Mordisco’, incluyó el uso de un carro bomba, cilindros explosivos y ráfagas de fusil, dejando a toda la región consternada. A pesar de la gravedad del ataque, el monto ofrecido por el Gobierno para anticipar y evitar hechos similares fue significativamente menor que el destinado a investigar el presunto intento de intimidación contra Benedetti, quien denunció públicamente el sobrevuelo de drones y difundió videos como prueba.
Esta diferencia ha generado fuertes críticas en redes sociales y entre analistas, quienes cuestionan las prioridades del Gobierno Petro en materia de seguridad. Mientras las comunidades afectadas por la violencia armada reclaman justicia y protección, el Ejecutivo parece enfocar mayores recursos en casos que involucran a figuras políticas, incluso cuando no hay evidencia clara de un atentado en curso.
Además, Benedetti ha intensificado la polémica con declaraciones en X, donde señaló a dos presuntos responsables y lanzó comentarios irónicos sobre el origen de la amenaza, mencionando a “Hello Kitty” y “el bobo”. En contraste, las víctimas del Cauca siguen esperando respuestas concretas y acciones proporcionales frente a la violencia que enfrentan a diario. Así, el debate sobre la equidad en la protección estatal y el uso de recursos públicos vuelve a estar en el centro de la discusión nacional.