El líder intergaláctico la tiene bien adentro, dice que si no puede hablar por televisión lo hará en la plaza pública

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) rechazó la solicitud del presidente Gustavo Petro para emitir una nueva alocución sobre su política antidrogas, alegando que no cumplía con los criterios de urgencia, excepcionalidad ni delimitación temática exigidos por el Consejo de Estado. Según el ente regulador, no se demostró una situación “grave o inaplazable” que justificara interrumpir la programación nacional. La decisión, inédita en la historia reciente del país, desató una fuerte reacción del mandatario, quien calificó el hecho como un acto de censura institucional.

Petro no se contuvo y lanzó una arremetida en redes sociales: “Le prohíben hablar por televisión. Lo que no hicieron con ningún presidente lo hacen conmigo, solo porque no pertenezco a la oligarquía, sino al pueblo”. Además, acusó a la CRC y al Consejo de Estado de incurrir en prevaricato y de vulnerar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En un tono desafiante, anunció que si no puede hablar por televisión, lo hará desde la plaza pública este jueves 16 de octubre a las 7:00 p.m., transmitido por RTVC y los canales oficiales de la Presidencia.

La controversia ha encendido el debate sobre los límites de la regulación y la libertad de expresión presidencial. Mientras sectores afines al gobierno denuncian una “mordaza institucional”, otros defienden la decisión como un acto de equilibrio frente al uso excesivo de los medios públicos. Petro, autodenominado “líder intergaláctico” por sus seguidores, parece decidido a convertir el veto en un acto político de masas, apelando a la calle como escenario de resistencia y legitimidad.

La plaza pública se perfila como el nuevo canal de comunicación presidencial, en un país donde la institucionalidad y la narrativa se disputan cada espacio. ¿Es censura o control legítimo? ¿Es Petro víctima o estratega? Lo cierto es que este episodio marca un nuevo pulso entre el poder ejecutivo y los órganos reguladores, con la opinión pública como juez final.