Desde Medellín, la jueza Claudia Marcela Castro encendió el debate nacional al ordenar que se investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su hermano Santiago Uribe por su presunta participación en los asesinat0s de Jorge Eduardo Umaña Mendoza y Jesús María Valle Jaramillo, dos defensores de derechos humanos que fueron silenciados en 1998.
La decisión se dio en medio del fallo que condenó a José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, a 28 años de prisión por el secuestro de la senadora Piedad Córdoba. Según la investigación, Narváez habría entregado información clave a las Autodefensas Unidas de Colombia, lideradas por Carlos Castaño, lo que fortaleció las acciones violentas contra figuras políticas y sociales.
El despacho judicial consideró relevante abrir una nueva línea de investigación tras tener en cuenta el testimonio del exparamilitar Francisco Villalba, quien mencionó una reunión en 1997 donde, presuntamente, se habrían planeado atentados contra defensores de derechos humanos.
Esta decisión revive las tensiones sobre el papel de figuras políticas en los años más oscuros del conflicto armado colombiano. Mientras sectores sociales exigen que se esclarezca la verdad, las familias de Umaña y Valle esperan que, después de más de dos décadas, la justicia finalmente les dé respuestas.