El presidente Gustavo Petro, originario de Córdoba, ha generado un fuerte rechazo en la región tras anunciar una reforma agraria que incluye la imposición de nuevos impuestos a los propietarios de tierras afectadas por obras públicas entre Montería y Sincelejo. Esta medida, que pretende cobrar valorización a quienes se beneficiarán con la infraestructura vial, ha sido calificada como una carga tributaria injusta por agricultores, comerciantes y empresarios cordobeses, quienes ya enfrentan altos impuestos y peajes en la zona.
La propuesta presidencial se percibe como una contradicción respecto a las promesas de campaña de Petro, en las que se comprometió a defender a los campesinos y mejorar las condiciones rurales de Córdoba. En cambio, la reforma agraria bajo su mandato ahora es vista por la comunidad como un castigo fiscal que podría afectar gravemente la economía local y el desarrollo de la región. Esta situación se agrava por las recientes críticas públicas del presidente hacia el gobernador Erasmo Zuleta, lo que ha tensado aún más la relación entre el Gobierno nacional y las autoridades departamentales.
Líderes locales como Álvaro Segrith, presidente de la Cámara de Comercio de Montería, y el senador Marcos Daniel Pineda han expresado un rotundo rechazo a esta política, argumentando que el departamento de Córdoba ya soporta una alta presión tributaria y que las obras públicas deben ser financiadas por el Estado sin trasladar costos adicionales a los ciudadanos. La insatisfacción general crece en la región, que demanda soluciones reales para los problemas rurales y de infraestructura, lejos de medidas que incrementen la carga económica en un momento sensible para la economía local.
