Recientemente se desató una fuerte polémica en el país, después de que el presidente Gustavo Petro firmara el decreto 1231 de 2024.
Este decreto regula el uso diferenciado y proporcional de la fuerza por parte de la Policía Nacional y reafirma que, de acuerdo con el artículo 22A de la Constitución Política, el Estado colombiano, a través de la Fuerza Pública, tiene el monopolio y uso legítimo de las armas.
Así mismo, se prohíbe la formación, promoción, instrucción y apoyo de grupos armados civiles con fines ilegales, incluyendo paramilitares y autodefensas.
Lo que más les llamó la atención a los colombianos de forma negativa, es que el decreto también define el uso de la fuerza como un medio proporcional, diferenciado y racional, que será utilizado por los policías como último recurso para proteger la vida y la integridad, tanto de ellos mismos como de otras personas.
Con información de El Tiempo.