La sanción de la Ley de Sometimiento por parte del Gobierno de Abelardo De La Espriella ha abierto una nueva etapa en la estrategia estatal frente a los grupos armados ilegales. En medio del debate que ha generado la norma, distintas voces han comenzado a analizar qué implicaciones podría tener para jefes de organizaciones criminales, entre ellos Iván Márquez, señalado como máximo líder de la disidencia conocida como Segunda Marquetalia.
Uno de los que se pronunció fue el exministro de Justicia Wilson Ruiz, quien consideró que la nueva legislación representa una oportunidad para que integrantes de estas estructuras se sometan a la justicia y abandonen las economías ilícitas. Según explicó, el éxito de cualquier proceso dependerá no solo de la entrega de armas, sino también del desmantelamiento de las redes financieras que sostienen a estas organizaciones y de la entrega de los bienes obtenidos de manera ilegal.
Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Cancino, defendió el alcance de la ley y aseguró que esta establece condiciones estrictas para quienes decidan acogerse al nuevo marco jurídico. Entre ellas, mencionó que no contempla la suspensión de órdenes de captura ni de extradiciones, además de exigir la entrega total de activos y reforzar las sanciones relacionadas con delitos como el reclutamiento de menores. Con estas reglas, el Gobierno sostiene que busca impulsar el sometimiento a la justicia sin conceder beneficios que comprometan la aplicación de la ley.
