El Gobierno de Abelardo De La Espriella decretó desastre nacional y anunció un régimen de emergencia económica para enfrentar las consecuencias del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto. La medida, oficializada mediante decreto, busca atender de manera inmediata la crisis sin recurrir al aumento de impuestos, lo que ha sido resaltado como un alivio para los ciudadanos en medio de la tragedia.
Según el reporte preliminar, la emergencia dejó más de 200 fallecidos, 1.460 heridos y afectaciones en 12 departamentos y 330 municipios. Cali, Pereira, Manizales y varias localidades del Eje Cafetero figuran entre las zonas más golpeadas, con daños en viviendas, instituciones y vías. El Gobierno contempla la movilización de recursos del Fondo de Gestión del Riesgo y la obtención de créditos internacionales, entre ellos uno por 450 millones de dólares con el Banco Mundial, además de apoyos de organismos multilaterales.
El decreto establece que la emergencia económica tendrá una duración de 12 meses, lo que permitirá un marco jurídico especial para agilizar decisiones y canalizar ayudas. En este contexto, la prioridad del Ejecutivo es garantizar atención rápida a los damnificados y avanzar en la reconstrucción de las regiones afectadas, con la promesa de que la solidaridad nacional se traduzca en hechos concretos y sostenibles para quienes hoy enfrentan la devastación.
