El caso de Juliana Guerrero, joven activista que en su momento recibió respaldo del expresidente Gustavo Petro, dio un giro definitivo el pasado miércoles tras aceptar ante la Fiscalía que presentó títulos falsos para aspirar a un cargo en el Viceministerio. El preacuerdo firmado con el ente acusador la llevará a una condena judicial, mientras el silencio de Petro frente al escándalo ha generado incomodidad en sectores de la izquierda y el progresismo.
Las reacciones no se hicieron esperar. Gustavo Bolívar, exdirector de Prosperidad Social, reconoció públicamente que Guerrero cometió un error que terminó afectando la credibilidad del proyecto político que defendió. “La confesión de Juliana: triste episodio para una joven que, por ambición, apela a la cultura del todo vale”, escribió en sus redes sociales, al tiempo que llamó la atención sobre la necesidad de juzgar con el mismo rasero tanto a los poderosos como a quienes no tienen influencia.
Otras voces del Pacto Histórico también se pronunciaron. La representante Ana Erazo lamentó que el movimiento se viera golpeado por un fraude cometido desde adentro, mientras la excónsul María Antonia Pardo señaló que Petro se equivocó al respaldar a Guerrero. En medio de la indignación, algunos dirigentes insisten en que el episodio deja una lección: la política no puede ser un atajo y la justicia debe aplicarse sin privilegios, sin importar el apellido o el poder de quien comete la falta.
