La directriz del presidente Abelardo De La Espriella sobre la salida de migrantes en situación irregular comenzó a materializarse pocas horas después de ser anunciada. El pasado 24 de agosto, el mandatario pidió acelerar los procedimientos administrativos de expulsión, y en ciudades como Bogotá y Bucaramanga ya se registraron los primeros operativos.
En la capital, seis ciudadanos venezolanos fueron trasladados tras ser señalados de un presunto hurto en una droguería del barrio 7 de Agosto. Según las autoridades, los implicados harían parte de un grupo dedicado a afectar establecimientos comerciales. En Bucaramanga, otros cuatro ciudadanos fueron conducidos hasta la frontera con Norte de Santander, luego de ser vinculados a hechos que aún están bajo investigación.
De acuerdo con Migración Colombia, estas acciones corresponden a procesos de expulsión administrativa y no a extradiciones formales. La medida, que ha generado debate en distintos sectores, marca el inicio de una política migratoria más estricta, en la que el gobierno busca responder de manera inmediata a situaciones de irregularidad y presunta actividad delictiva.
