El uso de helicópteros oficiales por parte del presidente Abelardo De La Espriella volvió a generar controversia en Colombia, esta vez después de que imágenes de sus desplazamientos fueran difundidas en redes sociales. El episodio provocó comparaciones con las críticas que recibió durante el gobierno anterior la entonces vicepresidenta Francia Márquez, cuyos viajes en aeronaves oficiales fueron objeto de fuertes cuestionamientos. Incluso, algunos usuarios plantearon que existe un doble rasero dependiendo de quién esté en el poder.
La polémica llegó hasta Claudia López, quien cuestionó directamente el tratamiento periodístico que, a su juicio, han recibido ambos casos. “Lo abismal es el racismo y el clasismo que diferencia el cubrimiento ‘periodístico’ sobre el uso del helicóptero por la Vicepresidenta de ayer y el Presidente de hoy”, escribió la exalcaldesa en X, acusando además un “doble estándar” en la manera como se juzga a distintos sectores políticos. Sus declaraciones reavivaron una discusión que ya había surgido durante los primeros días del nuevo Gobierno.
Francia Márquez también se ha referido recientemente a la controversia y sostuvo que “el problema era que lo usara la vicepresidenta negra”, defendiendo que el helicóptero puede ser una herramienta legítima para movilizar a altos funcionarios, especialmente en zonas donde existen amenazas y dificultades de seguridad. Al mismo tiempo, hay quienes sostienen que las críticas a Márquez no fueron exclusivamente por utilizar la aeronave, sino por declaraciones que hizo en su momento sobre su uso.
El debate, por ahora, queda planteado: ¿se está aplicando la misma vara para juzgar el uso de recursos y aeronaves oficiales por parte de los distintos gobiernos? La discusión también pone sobre la mesa dónde termina una medida de seguridad presidencial y dónde comienza el cuestionamiento por el uso de recursos públicos. En medio de la polarización, el caso vuelve a enfrentar dos visiones sobre un mismo tema: ¿era criticable cuando lo hacía Francia Márquez, pero ahora debe entenderse como seguridad presidencial?
