El asesinato de líderes sociales sigue siendo una herida abierta en el país y, según la Fundación Paz y Reconciliación, es uno de los puntos donde el gobierno de Gustavo Petro “se raja”. Laura Bonilla, subdirectora de la entidad, reconoció que las cifras de pobreza y homicidios presentadas por el presidente en su discurso del 20 de julio son ciertas, pero advirtió que la interpretación es parcial y que en el caso de los defensores de derechos humanos los resultados son preocupantes.
Bonilla explicó que, aunque los datos oficiales de Medicina Legal y la Policía Nacional son confiables, no coinciden porque miden fenómenos distintos: unos cuentan cadáveres y otros registran eventos. Sin embargo, más allá de las diferencias metodológicas, la tendencia es clara: desde la desmovilización de las FARC en 2016, los asesinatos de líderes sociales han ido en aumento y no se han implementado medidas de prevención efectivas ni en el gobierno de Iván Duque ni en el de Petro.
La especialista en seguridad y conflicto señaló que este fenómeno constituye “uno de los grandes fracasos” de los últimos dos gobiernos, pues no basta con negociar o atacar las amenazas, sino que se requieren políticas robustas de protección y prevención. En ese sentido, el balance deja en evidencia que, pese a los avances en otros indicadores, el asesinato de líderes sociales sigue siendo una deuda pendiente del Estado colombiano.
